Desarrollo Social Continúa la polémica por la quita de pensiones a discapacitados

El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año alrededor de 70.000 pensiones por discapacidad. En lo que va de junio solamente la cartera que comanda quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes.

Para poder realizar este recorte, el ministerio de Desarrollo Social hizo uso del decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997, para sacar las pensiones graciables a las personas con invalidez. La noticia hizo eco y rápidamente legisladores y abogados advirtieron se realizó una mala interpretación y afirman que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina, reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.

A su vez el Ministerio de Desarrollo Social, hizo saber quienes no podrán gozar del beneficio:

1. Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.
2. Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
3. Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

Los supuestos motivos

• “El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”, dijo Badino.
• “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

Sin aviso previo

Badino reconoció que no hubo previo aviso: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, se excusó.

Consecuencias

• “El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión”, dijo Christian D´alessandro, abogado especialista en jubilaciones y pensiones,
• “Aquí no hubo previo aviso, la gente se entero cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión”, agrega el letrado, quien advierte que esta imprudencia da lugar a recursos de amparo.
• Para completar Badino dijo “que hay hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad” y atribuye esa demora a “la burocracia estatal”.