Una distribuidora de pescado ubicada en Barracas. Una distribuidora de GNC del Gran Buenos Aires. Dos asociados a los palcos de Independiente y una causa por lavado de dinero. Todo eso se sumó en las últimas horas a la trama de la barra brava y presunta relación con Hugo y Pablo Moyano, en la causa por asociación ilícita que investiga la Justicia. Porque antes de desprenderse del caso y darle competencia al juez federal Luis Armella por el lavado de dinero, y al juez de Avellaneda Luis Carzoglio por el resto de los delitos, el juez de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, el mismo que dictó la prisión preventiva de toda la barra, anexó un proceso abierto en noviembre de 2012 en la fiscalía dos de Avellaneda, que estaba a cargo del doctor Mario Prieto, donde Florencia Arietto, ex jefa de seguridad del club en la época de Javier Cantero, acusaba a dos personas de ser el nexo de Camioneros con la barra e instaba a investigar si a través de las empresas de estos individuos no se canalizaba el dinero que el gremio aportaría a los violentos.
La denuncia se originó tras la suspensión de un partido de Independiente contra Belgrano de Córdoba el 14/11/12, en el que la barra generó incidentes. Arietto trabajó junto a un policía de apellido Sosa, quien logró establecer que uno de los palquistas involucrados era Eduardo D'Aquila, alias "Pachi", un hombre de la barra que viajaba asiduamente al exterior a ver al "Rojo" en compañía de "Bebote" Álvarez y también de Roberto "el Polaco" Petrov, el ex custodio de Moyano. Y que a través de su empresa de GNC tenía un vínculo constante y directo con Camioneros. El otro que identificó fue, según la denuncia de Arietto, a Ariel Alejandro Colucci, que es dueño de una distribuidora de pescado junto con su hermano, Marcelo. Y un teléfono a nombre de este último terminó en manos de un barra, Marcelo Querini, quien manejaba la confitería del estadio en la época en que Andrés Ducatenzeiler presidía la institución y que, según el detalle del juzgado interviniente, tiene profusas llamadas con otros miembros de la barra.
Pero en aquel momento la denuncia no avanzó porque extrañamente, la Bonaerense decidió sacar al policía Sosa de Avellaneda, donde estaba a punto de ascender a subcomisario, para enviarlo a una seccional de Ingeniero Budge. No era muy difícil leer un castigo y una advertencia para todo aquel que se metiera en el tema. Dos meses más tarde, Arietto confirmaría que D'Aquila tenía un vínculo muy directo con Moyano: según su denuncia, fue el propio Hugo quién exigió a Cantero que lo sacara al palquista del derecho de admisión, algo que sucedió y provocó la renuncia de la jefa de seguridad del club.
Estos detalles se suman a los otros elementos denunciados por "Bebote" Álvarez en la búsqueda de establecer nexos entre Camioneros, la barra y el presunto lavado de dinero. Sobre ello deberá trabajar Armella, un juez que seis años atrás frenó la construcción de un country de la empresa Covelia S.A., que muchos le adjudican a los Moyano, y quien también allanó 20 meses atrás al empresario tabacalero Carlos Tomeo, acusado por Elisa Carrió de ser presuntamente parte de una red de testaferros que beneficiaría, entre otros, a Hugo Moyano. Se verá si en esta causa le imprime la misma velocidad y si encuentra lo que en el mundo de la tribuna muchos denuncian pero, por el momento, nadie prueba.